Golpes de Estado en Argentina: Golpe de 1930.

El 6 de septiembre de 1930 un golpe encabezado por José F. Uriburu derroca al presidente  Hipólito Yrigoyen. Comienza así el primer gobierno de facto de la historia argentina. Uriburu contaba con el apoyo de varias fuerzas políticas, como el nacionalismo antiliberal y conservador, el partido Demócrata progresista, el Partido Socialista Independiente y del Radicalismo antipersonalista.

El gobierno tenía una particularidad, no fue una junta militar. Según Robert Potash el gobierno fue sobre todo civil. El gabinete estaba formado por personas que habían desempeñado cargos públicos en el período anterior al gobierno de Yrigoyen. Muchos de ellos eran profesionales o comerciantes.

Uriburu disolvió el Congreso por decreto, adoptó el título de presidente provisional e intervino doce gobiernos provinciales.

Este gobierno actuó bajo el estado de sitio y la ley marcial. Utilizó el estado de sitio decretado por el gobierno derrocado para encarcelar a las principales figuras del yrigoyenismo y sus partidarios. El poder se ejerció a través de apremios ilegales (golpes y torturas) y persecución política e ideológica sobre la población.

Acompañaban a Uriburu la derecha nacionalista y los sectores más tradicionales del conservadurismo; que querían terminar con el pasado radical. Para ello pretendían llevar adelante una “revolución” partiendo de la revisión institucional, que intentará modificar la Constitución Nacional, suprimir las elecciones y los partidos políticos. Todo ello con la intención de introducir en el régimen político elementos corporativistas, es decir, anulando los sistemas democráticos de representación y reemplazándolos por corporaciones (grupos de poder) que tomarían las decisiones en lugar del pueblo.

También querían derogar la Ley Sáenz Peña, instalando en su lugar un sistema de voto calificado, es decir, que solo permitía votar a determinadas personas según su nivel económico y educativo.

Muchos se opusieron a Uriburu. El Partido Radical se unió la mayoría de los partidos políticos y una parte de las fuerzas armadas que seguía al general Agustín  P. Justo.

Este general y su grupo de seguidores se oponían a la opción corporativista, consideraban que la forma adecuada de reemplazar el personalismo de Yrigoyen era por medio de un pronto llamado a elecciones y mantener la vigencia, al menos teórica de la Constitución y la Ley Sáenz Peña.